El curso político en España ya ha arrancado y, para quienes trabajan en Asuntos Públicos, lo hace con algo más que el tradicional regreso de ministros, diputados y altos cargos a sus despachos. Llega con análisis y normas nuevas que antes del verano no estaban en el horizonte.
El Gobierno aprobó 25 de agosto un Real Decreto-ley para regular la actividad de los grupos de interés o lobbies en España. La medida ha sido valorada positivamente por la Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales (APRI), que la considera un paso más hacia la aprobación de una regulación específica del lobby en España y una mayor transparencia y profesionalización de esta actividad.
En Ceuta, la crisis pica y se extiende. Lo nuevo es que la Comisaría General de Extranjería y Fronteras (CGEF), a través del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF), ha emitido un exhaustivo informe policial en respuesta al requerimiento del Tribunal Central de Instancia nº 3 de la Audiencia Nacional. El informe (publicado por The Objective, donde además señala que el director de la policía abroncó a los jefes del informe por no enviárselo), analiza los acontecimientos ocurridos los días 30 y 31 de julio de 2026 en la Ciudad Autónoma, concluyendo de manera categórica que la entrada masiva e irregular de personas no fue un evento migratorio incidental o espontáneo, sino un proceso rigurosamente planificado y ejecutado en múltiples fases materiales.
España entra en la era del lobby regulado
El cambio relevante es que la actividad de influencia pasa a estar más definida y sometida a reglas. La inscripción, la identificación de representantes y fuentes de financiación y la publicidad de determinadas actividades forman parte del nuevo escenario. Para los departamentos de Public Affairs y las consultoras, el debate cambia de naturaleza. Ya no se trata de reclamar una regulación del lobby, ahora el reclamo es otro.
La Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales (APRI) pide a los grupos parlamentarios que apoyen en el Congreso de los Diputados la convalidación del Real Decreto-ley de transparencia e integridad de las actividades de los grupos de interés y eviten que España vuelva a quedarse sin una regulación estatal del lobby. APRI considera que el texto incorpora una parte muy significativa de los postulados que el sector reclama desde hace años y buena parte de las aportaciones y enmiendas formuladas por los distintos grupos parlamentarios durante la tramitación del anterior proyecto de ley.
La Asociación subraya que su apoyo a la convalidación no implica considerar que el texto sea definitivo. APRI continuará trabajando para impulsar aquellas mejoras y perfeccionamientos que sean necesarios, pero considera que esas reformas deben realizarse sobre un marco regulatorio existente y no volviendo al punto de partida. La directiva de la asociación mantiene conversaciones con los distintos grupos parlamentarios para trasladar su posición y defender la continuidad de la norma.
Ceuta ya no es solo un asunto migratorio
La comparecencia de Pedro Sánchez este jueves en el Congreso ha convertido la crisis de Ceuta en el primer gran asunto político del nuevo curso. El presidente ha defendido la actuación de su Gobierno y ha anunciado la publicación de documentación sobre los avisos recibidos antes de la entrada masiva de migrantes. La polémica se ha intensificado después de que trascendiera el citado informe policial que apunta a que existieron alertas previas y analiza indicios sobre una posible organización del episodio.
Para un director de Asuntos Públicos, la lectura es más amplia que la batalla política entre Gobierno y oposición. Ceuta conecta inmigración, seguridad nacional, relaciones con Marruecos, política exterior, comercio, infraestructuras y financiación pública. Y esa transversalidad es precisamente lo que convierte el asunto en un dossier de seguimiento obligado.
La aprobación del Real Decreto-ley 22/2026, con medidas urgentes de carácter social y económico para Ceuta, confirma que la crisis ya tiene una derivada regulatoria y económica concreta. El texto incorpora, entre otras medidas, modificaciones en materia fiscal para las actividades desarrolladas en la ciudad.
Seguiremos Informando…
