España permanece como una de las escasas excepciones en la Unión Europea al no contar con una regulación estatal específica para la actividad del lobby, una anomalía que se ha agravado tras el fracaso legislativo de este 16 de septiembre, cuando el Congreso de los Diputados rechazó la convalidación del Real Decreto-ley 21/2026. Y este fracaso ha tenido consecuencias inmediatas.
Las aproximadamente 250 entidades que ya se habían inscrito en el registro quedaron sin cobertura normativa y España no cumplió con su compromiso con la Comisión Europea en el marco del Plan de Recuperación, lo que podría afectar a la percepción de credibilidad del país en foros internacionales. Desde el sector de los asuntos públicos, algunas voces advierten que la norma derogada tampoco representaba la solución definitiva. Alfonso López, presidente y fundador de Rud Pedersen España, señaló en declaraciones a PRNoticias que “este aspecto negativo abre una puerta positiva y es que podríamos regularlo con una ley de transparencia con más transparencia”.
El impacto también podría ser económico y reputacional. En el plano internacional, expertos advierten que España “vuelve al vagón de cola de la transparencia”, una percepción que afecta su credibilidad en foros como el G20, la OCDE y la propia Unión Europea. Para el sector de asuntos públicos, la ausencia de regulación estatal genera desconfianza y equipara el lobbying legítimo con prácticas opacas, lo que perjudica a los profesionales que operan con estándares éticos y códigos de conducta.
Los expertos coinciden en la necesidad de retomar la regulación por la vía parlamentaria ordinaria. El GRECO (Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa) ha recomendado que España establezca un registro obligatorio y normas de conducta para grupos de interés. Transparency International España ha calificado el rechazo del decreto como “un retroceso democrático” y ha pedido que se retome la tramitación como ley orgánica. Desde el sector profesional, la Asociación de Profesionales de Relaciones Institucionales APRI defiende que la regulación es una oportunidad para profesionalizar el sector y distinguirlo de prácticas corruptas. Mientras que desde el ámbito académico, expertos de la UOC y otras universidades han señalado que herramientas como la huella normativa y el registro público son básicas para garantizar la integridad en la toma de decisiones y permitir que la ciudadanía conozca quién influye en las leyes.
Con el decreto derogado, la pregunta que queda sobre la mesa es: ¿cuál será la vía y para cuándo? Aunque la norma fue rechazada, la ponencia parlamentaria sigue abierta y el PP ha declarado que está “dispuesto a avanzar” en una regulación por la vía legislativa ordinaria. Trece organizaciones de la sociedad civil pidieron el 15 de septiembre convalidar el decreto y luego tramitarlo como ley para ampliar el diálogo con sindicatos, patronal y otros actores. Esto podría ser una hoja de ruta para reabrir el consenso. Mientras tanto, el sector se hace fuerte en la autorregulación mediante códigos éticos, certificaciones y registros voluntarios para demostrar compromiso con la transparencia.
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