Para Alfonso López, CEO y fundador de Rud Pedersen España, “es evidente que España ha perdido una gran oportunidad de regular el lobby, algo que llevábamos demandando el sector desde hace mucho tiempo. Sin embargo, este aspecto negativo abre una puerta positiva y es que podríamos regularlo con una ley de transparencia con más transparencia”. Su análisis llega horas después de que el Congreso de los Diputados derogara el Real Decreto-ley para regular la actividad del lobby, un resultado que ha generado distintas reacciones en el sector.
La consultora de Government Relations y Public Affairs defiende desde hace años una regulación de los grupos de interés basada en la transparencia, la seguridad jurídica y unas reglas claras. Desde la dirección, señala que la no convalidación del Real Decreto-ley 21/2026 supone una oportunidad perdida para dotar a España de un marco estable, pero también abre la posibilidad de aprobar una norma más sólida mediante el procedimiento parlamentario ordinario: abierto al debate, a las enmiendas y al consenso. Rud Pedersen España defiende que el trabajo parlamentario ya está avanzado y que, con voluntad política, se podría culminar pronto en una regulación estable y duradera.
“Hay mejora para el proyecto de ley que ya lleva dos años. En primer lugar, debemos regular la actividad parlamentaria. Dos partes que hacen el mismo trabajo tienen que estar reguladas por la misma ley, por el mismo concepto. En segundo lugar, la influencia no termina en el gobierno, los grupos parlamentarios modifican las leyes, por eso la huella normativa también debería llegar a la tramitación parlamentaria. Y además, esto es muy importante, necesitamos un registro estable, un régimen sancionador proporcionado y seguridad jurídica”.
Alfonso López
La consultora que dirige López considera que el texto contenía avances positivos, como la inclusión de sindicatos y organizaciones empresariales, la exclusión de los colegios profesionales cuando ejercen funciones públicas y la atribución del Registro de grupos de interés al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. Sin embargo, cree necesario mejorar su enfoque.
“La transparencia debe aplicarse a la actividad de influencia, con independencia de quién la ejerza, e incluir tanto a la Administración General del Estado como a los grupos parlamentarios. Del mismo modo, la huella normativa debe extenderse a toda la tramitación parlamentaria, para conocer las modificaciones de cada iniciativa y las aportaciones recibidas hasta su aprobación definitiva”, señalan de manera institucional.
Alfonso López defiende que “regular el lobby es muy importante, pero tan importante como regular el lobby es hacerlo bien, es hacerlo con transparencia, es hacerlo a través de una ley. Y ahora tenemos una oportunidad para hacerlo con diálogo, con consenso y con transparencia, como se ha hecho en el resto de la Unión Europea”.
Reforzar el régimen sancionador, especialmente mediante medidas disuasorias como la cancelación del registro, y preservar canales de participación que permitan trasladar conocimiento técnico a las administraciones con las debidas garantías de transparencia es una exigencia de Rud Pedersen España. “Regular el lobby no consiste solo en imponer obligaciones: supone reconocer y profesionalizar una actividad legítima y necesaria para mejorar las políticas públicas”, afirma la consultora y asegura que este tema no queda aquí, sino que seguirá vivo hasta que se consigan los máximos estándares de transparencia y responsabilidad.
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