Juanfran Pérez Llorca ha urgido al Gobierno de España a acelerar las obras contra inundaciones en la Comunitat Valenciana y ha denunciado el escaso grado de ejecución de las actuaciones previstas. El president de la Generalitat ha asegurado que la Confederación Hidrográfica del Júcar apenas ha ejecutado el 4% de las intervenciones contempladas, mientras que la del Segura ha realizado en torno al 5% de la inversión prevista en su plan contra inundaciones 2022-2027.
El jefe del Consell ha trasladado estas reivindicaciones durante la sesión de control celebrada en Les Corts, en respuesta a una interpelación de Vox sobre la disponibilidad de infraestructuras para garantizar la seguridad de los valencianos. En este contexto, ha alertado también de que el 75% de las presas gestionadas por la Confederación Hidrográfica del Júcar continúa sin actualizar sus planes de emergencia.
Pérez Llorca ha insistido en la importancia de acelerar las actuaciones pendientes y reforzar las labores de limpieza en cauces y barrancos como parte de la estrategia de prevención frente a inundaciones. Asimismo, ha reclamado al Ejecutivo central que cubra las 139 vacantes existentes en la Unidad Adscrita de la Policía Nacional a la Comunitat Valenciana.
Más medios y actuaciones preventivas
En materia de infraestructuras, el president también ha trasladado al nuevo ministro de Transportes la preocupación de la Generalitat por la situación de la red ferroviaria estatal, especialmente por la línea que conecta Valencia y Alicante con Madrid. La comunicación busca poner sobre la mesa las deficiencias que afectan a las conexiones de la Comunitat Valenciana con la capital.
La sesión de control ha abordado además otros asuntos de actualidad política. En respuesta al PSPV, Pérez Llorca ha defendido las medidas impulsadas por el Consell en materia de vivienda y ha tratado cuestiones como la jornada de huelga general y las próximas elecciones generales del 29 de noviembre. Ante Compromís, ha acusado a la formación de no defender los intereses valencianos ante el Gobierno de España, al tiempo que ha reivindicado la gestión autonómica en vivienda, educación, sanidad y servicios sociales.
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