La periodista colombiana Paola Herrera denunció el viernes 13 de agosto intimidaciones y amenazas. Ello debido a las denuncias que la profesional realizó sobre el escándalo del momento en Colombia sobre los 70 millones de pesos que se perdieron en el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
Paola Herrera fue una de las personas que expuso el escándalo de los 70.000 millones de pesos entre el MinTic y la Unión Temporal de Centros Poblados. La periodista es quien ha descubierto detalles del nuevo crimen de corrupción. Ejemplo de ello son los 60 mil millones que están, según Paola en cuentas privadas en el extranjero.
¿Qué ocurrió en el MinTic y por qué intimidan a Paola Herrera?
En diciembre del año 2020, se adjudicaron una de las licitaciones con las que se pretendía llevar Internet a los colegios públicos de Colombia. Durante la audiencia, la periodista Paola Herrera alertó que el abogado de uno de los proponentes (SES INRED) fungía a su vez como asesor del despacho de la ministra, Karen Abudinen. Días después luego de una exhaustiva investigación, señaló quiénes eran los 10 consorcios que estaban participando para ganarse el billonario contrato. En ese entonces, advirtió que las empresas de Centros Poblados no tenían experiencia, ni capacidad técnica o financiera, sin embargo, era de las principales beneficiadas.
Meses después de celebrarse el contrato, Paola Herrera volvió a encender las alarmas. Anunció que le hizo seguimiento a la noticia y en esa investigación descubrió que ambos contratistas, tanto Claro – Comcel como Unión Temporal Centros Poblados, estaban incumpliendo con el acuerdo. También el cronograma propuesto en la negociación.
La periodista colombiana señaló entonces que Centros Poblados no había instalado ni un punto digital. Sin embargo, había recibido un anticipo de más de 70 mil millones de pesos, que equivalen al 7% del valor del contrato.
Gracias a la investigación de Herrera y otros colegas, el Mintic inició un proceso administrativo sancionatorio. Con ello descubrió que la garantía que presentaron para firmar el contrato era falsa. Por tal motivo a la Ministra Karen Abudinen se vio obligada a iniciar un proceso para concluir el contrato a finales de julio de 2021.
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