Muchos profesionales sanitarios, pacientes y medios de Comunicación ya se refieren a ella como ‘la enfermedad politizada por excelencia’ y es que, la hepatitis C está siendo la protagonista de una grave situación de la que algunos partidos políticos están sacando tajada. Sin embargo, de todo hay en la viña del señor. Ante la falta de escrúpulos de algunos portavoces, otros han decidido reaccionar y atender las reclamaciones de estos enfermos. Tal es el caso de Andalucía, que ya ha anunciado que prescribirá electrónicamente el tratamiento contra la hepatitis C.
Pablo Iglesias no ha titubeado a la hora de calificar a los responsables del Gobierno de ‘traidores’. Tomás Gómez, secretario general del Partido Socialista Madrileño amenaza con presentar una querella criminal contra el Gobierno por consentir que mueran los pacientes. Mientras tanto, la única que ha movido ficha en ha sido Susana Díaz.
La presidenta de la Junta de Andalucía y secretaria general del PSOE-A, ha asegurado que no permitirá que en Andalucía ningún enfermo de hepatitis C se quede sin la medicación que necesita ‘por causas económicas’. A través de su perfil personal de Twitter anunciaba que Andalucía prescribirá electrónicamente en los hospitales los medicamentos contra la hepatitis C ‘para agilizar los tratamientos’.
Estas declaraciones vienen a raíz de las reiteradas protestas que están encabezando los afectados por hepatitis C en todo el territorio nacional. Reclaman un acceso universal a los tratamientos de última generación como Sovaldi, que ha demostrado lograr una curación del 95% de los afectados y al que el actual Ministro reconocía su eficacia. De hecho, para estos manifestantes no es suficiente el compromiso del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad de llegar a tratar en 2015 a cerca de 7.000 pacientes.
Estas decisiones empiezan a arrojar algunos rayos de esperanza sobre la delicada situación de algunos pacientes y la impotencia de los médicos y científicos. Defienden que si el nuevo tratamiento consiguiera curar la enfermedad evitaría el enorme gasto que supone el seguimiento y tratamiento de los enfermos crónicos.
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