Este 28 de marzo El Ministerio de Finanzas y Precios de Cuba publicó el anteproyecto de la “Ley de la Expropiación por razones de utilidad pública o interés social”. Esto se trata de un documento con implicaciones en las relaciones entre el régimen de Cuba y el de Estados Unidos. Ello debido a que las expropiaciones de patrimonio en manos de cubanos y estadounidenses es un tema de diferencias entre ambas naciones.
Este anteproyecto regula la expropiación por razones de utilidad pública o interés social como medio de actuación del Estado. Ello para la satisfacción de intereses generales como forma de adquisición de bienes y derechos para el patrimonio estatal. Además, el mismo designa a las instancias o sujetos competentes para realizar la declaración de la utilidad pública o interés social. También las bases y el procedimiento para determinar esa utilidad o necesidad.
El artículo 4.1 del texto asegura: “las inversiones extranjeras dentro del territorio nacional gozan plena protección y seguridad jurídica. Además no pueden ser expropiadas, salvo que esa acción se ejecute en concordancia con lo dispuesto en la Constitución, También los tratados internacionales suscritos por la República de Cuba y la legislación vigente”.
Las expropiaciones
El tema de la expropiación ha estado en el diferendo entre Estados Unidos y Cuba desde 1959. Desde esa fecha muchas empresas, entre ellas las estadounidenses, fueron nacionalizadas.
La última demanda de este tipo se conoció en febrero de 2022, cuando la compañía Havana Docks, con sede en EE.UU., denunció que compañías de cruceros estaban usando ilegalmente sus muelles en La Habana. Los mismos previamente confiscados por Fidel Castro en 1960.
El Nuevo Herald estimó en 1100 millones de dólares las ganancias obtenidas por Carnival, Royal Caribbean, Norwegian y MSC Cruises entre 2016 y 2019, mientras duró el “boom” de los viajes a Cuba. Por su parte, el régimen de la isla se embolsó 138 millones de dólares.
En 2019, el entonces presidente Donald Trump activó el título III de la Ley Helms-Burton. Ello con la intención de aceptar demandas a empresas estadounidenses o de terceros países que se hayan beneficiado con las propiedades de empresas y ciudadanos estadounidenses nacionalizadas después del triunfo de la Revolución.
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