Juan Martínez, antropólogo y experto en el fenómeno de pandillas, colaborador del diario El Faro, abandonó El Salvador debido a las amenazas y agresiones por las redes sociales a los trabajadores del medio por parte del Presidente Bukele. Esto se da luego de que el primer mandatario de esa nación publicara en su cuenta de Twitter un extracto de una entrevista realizada a Martínez por Russia Today. El mismo dice: “esta basura, sobrino de un genocida, dice que: las pandillas cumplen un rol social NECESARIO en El Salvador”.
Tras el insulto del mandatario, el investigador y colaborador de El Faro reaccionó en la misma red social y manifestó: “presidente Nayib Bukele, me parece lamentable la forma en que se refiere a mí y a mi trabajo. Le invito a ver la entrevista completa y a revisar los trabajos académicos y periodísticos que he realizado durante más de una década”. Además el reconocido comunicador expresó: “mi apuesta, aunque mejorable, ha sido aportar conocimiento útil para entender un fenómeno complejo y profundo. Su mensaje de odio me pone en inminente riesgo a mí y a mi familia. Ha sido muy irresponsable“.
El Faro expresó que el tuit del mandatario salvadoreño derivó en “hostigamiento y amenazas en línea, incluido el de persecución penal”. A las cuales también se adhirió el director de Centros Penales, Osiris Luna, quien se sumó a las críticas llamando a Martínez “terrorista y vocero de las pandillas”.
Todo esto según publica El Faro derivó en que “Martínez abandonó entonces el país por amenazas de muerte. Además por temor a un proceso judicial injusto en su contra”. De igual modo en dicho escrito se lee. “Juan Martínez es colaborador desde hace mucho tiempo del medio estadounidense Insight Crime. Además ha colaborado con El Faro y Factum, entre otros. Es uno de los principales académicos que ha estudiado y explicado las pandillas como fenómeno social en El Salvador“.
Más allá de tuiter
En un comunicado del 13 de abril, la Relatoría para la Libertad de Prensa de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señaló que las “reformas que realizó la Asamblea tal como fueron redactadas, activan riesgos de criminalización severa. Ello de actividades que son legítimas y que son de especial trascendencia para la vida democrática. Esto como el periodismo, la defensa de los derechos humanos, la actividad parlamentaria y la investigación académica”.
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