El juez Germán Cruz del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México rechazó la suspensión para parar la aplicación Ley General de Comunicación Social. La misma plantea que los entes públicos sólo pueden usar el 0.1 por ciento de su presupuesto para publicidad.
El pasado 9 de febrero la Asociación de Municipios de México interpuso la demanda de garantías para impugnar el artículo 26 de dicha legislación, específicamente aspectos del llamado “Plan B” de reformas electorales, impulsado por el gobierno federal.
Entre los actos reclamados es el artículo 26 de dicha enmienda, el cual a la letra dice: “El límite del gasto del Programa Anual de Comunicación Social, en su conjunto, no debe rebasar el 0.1 por ciento del Presupuesto de Egresos Anual correspondiente. En las Entidades Federativas, el límite de gasto que se haga en Comunicación Social a que refiere este artículo deberá estar homologado con lo dispuesto en el párrafo anterior”.
Germán Cruz Silva, admitió a trámite el juicio de amparo. Sin embargo, rechazó conceder la medida cautelar solicitada por la asociación.
Impugnación de la reforma
La reforma fue impugnada en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por 75 municipios gobernados por el PAN en entidades del Estado de México, Guanajuato, Yucatán, Jalisco, Michoacán y Puebla, Sonora. Además en Coahuila, Chihuahua, Querétaro, Baja California Sur, Tlaxcala, Aguascalientes, Nuevo León y Guerrero.
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