Un total de siete patrones contrarios a los Derechos Humanos aplicados por el Estado cubano, fueron denunciados por la organización no gubernamental Prisioners Defenders y presentados ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), con el objetivo primordial de obtener la protección del organismo para los afectados.
La denuncia fue presentada en el salón de actos del Consejo General de la Abogacía Española, en Madrid, y transmitida en streaming por el presidente de Prisioners Defenders, Javier Larrondo y por el Coordinador Jurídico Internacional de la organización, Fernando Almeida.
El acto contó con la participación de la Vicepresidenta del Parlamento Europeo Dita Charanzová; el Primer Vicepresidente de la Delegación del Parlamento Europeo para Centroamérica y Cuba, Javier Nart; el presidente de la Subcomisión de Extranjería y Protección Internacional del Consejo General de España, Blas Jesús Imbroda, entre otras personalidades.
Larrondo explicó que las prácticas denunciadas, son empleadas de manera sistemática por el Estado cubano y que las pruebas se sustentan en un trabajo exhaustivo que se viene realizando desde hace un año, en el que han participado más de 10 juristas y en el que se han evaluado cientos de los casos de procesamiento que se han tenido al alcance tras el 11 de julio de 2021.
Los 7 patrones
En concreto, los siete patrones de actuación denunciados y que han sido detectados en la investigación realizada son:
1.Ejercicio de funciones jurisdiccionales por personal ajeno a la judicatura
2.Ausencia de abogados defensores independientes
3.Ausencia de independencia e imparcialidad judicial
4.Periciales y testimonios sin garantías
5.Arresto y procesamiento en ejercicio de derechos fundamentales de libertad de expresión, manifestación y asociación
6.Indeterminación normativa de los delitos imputados a los manifestantes
7.Juicios sumarios por atestado directo y procesamiento de civiles por tribunales militares´
El máximo representante de Prisioners Defenders señaló que las sentencias estudiadas (solo de los últimos cuatro años), describen patrones violatorios procesales que van más allá de todo caso particular.
“Son males estructurales, son males legislados en Cuba, que afectan a todo proceso penal, pero con especial gravedad cuando el ciudadano es acusado por el Estado por estar en contra de su modelo de conducta. Es allí donde los errores procesales en cuba hacen saltar todas las alarmas jurídicas”, aseveró.
Por esta razón, hace un llamado para comenzar exigir el Estado de Derecho en Cuba “que no existe, pero es necesario exponerlo, demostrarlo y que permee en todos los frentes de opinión jurídica objetiva”, advirtió.
Ni activistas ni disidentes: ahora hay familias enteras en las cárceles
El Presidente de Prisioners Defenders recordó que antes de los sucesos del 11 J, en Cuba se contabilizaban unos 150 presos políticos, que eran usualmente periodistas independientes, intelectuales disidentes y activistas de derechos humanos. Sin embargo, advirtió que ahora las prisiones de Cuba tienen a personas que no eran ni activistas ni disidentes.
“Eran familias sencillas, que salieron a la calle a expresarse, ilusionados con poder hacerlo con sus vecinos. Incluso, hubo gente llorando de la emoción de poder por primera vez en su vida expresarse”, aseguró.
Detalló que, según las estimaciones realizadas, aunque se han censado únicamente unas 2.000 personas detenidas tras el 11J, se calcula que entre 5.000 y 8.000 personas fueron detenidas en unos días. “Tenemos 1.077 personas con condenas o limitación de libertad impuestas, violando toda legalidad, incluso la cubana”. Además, resaltó que entre los detenidos hay 135 mujeres y 36 menores de edad.
Parlamento Europeo: “Exigimos garantías para las libertades en Cuba”
El Parlamento Europeo también sumó su voz a los denunciantes. La Vicepresidenta del Parlamento Europeo Dita Charanzová, expresó que el parlamento europeo ha escuchado las denuncias y peticiones de las fuerzas democráticas de la sociedad civil cubana.
“Desde Europa exigimos la liberación de los presos políticos en Cuba, exigimos garantías para las libertades de prensa, asociación y manifestación”, manifestó.
Recalcó que con la denuncia presentada se deja un mensaje claro y contundente: “No vamos a parar hasta que Cuba sea un país democrático, hasta que Cuba respete los derechos humanos y hasta que en Cuba haya libertad”.
Por su parte, Javier Nart, Primer Vicepresidente de la Delegación del Parlamento Europeo para Centroamérica y Cuba, condenó que aun cuando desde hace tiempo que su delegación solicitó visitar Cuba y Nicaragua, como se hace con el resto de los países que le corresponde a su delegación, no ha sido posible: “Cuba no ha permitido que nuestra delegación pueda visitar la isla”, dijo.
Almeida: es necesario visibilizar las violaciones a los derechos humanos
Por su parte, Fernando Almeida, Coordinador Jurídico Internacional de Prisioners Defenders, señaló que se está captando la evidencia de todo lo que supone existir en el Estado cubano, y que lo que se pretende es solicitar un cambio de la forma más cívica posible, que es mediante la visualización de las acciones contrarias a la Declaración de los Derechos Humanos en Cuba.
“Si no se les da un a voz, estas personas continuarán en prisión, aumentarán los éxodos, seguirán generaciones y generaciones bajo violaciones flagrantes de todos sus derechos humanos y, sobre todo, creo que vamos a estar dando un muy mal ejemplo a la comunidad internacional”, advirtió.
Asimismo, opina que de continuar la situación que denuncian en Cuba, el gobierno cubano “aprovechará para dar un buen ejemplo de cómo la impunidad puede importarse: así primero tuvimos Cuba, después Venezuela, y ahora tenemos Cuba, Venezuela y Nicaragua. No hay consecuencias para la violación flagrante y la promoción de ideas contrarias al espíritu de la Declaración de los Derechos Humanos”, enfatizó.
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