La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) ha expresado preocupación por sendas acciones legislativas que impulsan los gobiernos provinciales de Salta y La Rioja, en Argentina, para sancionar en un caso la difusión de noticias falsas y, en el otro, propiciar una reforma constitucional que podría afectar las libertades de expresión y de prensa.
En Salta, un proyecto de ley con media sanción en la Cámara de Diputados castiga con arresto y/o multas a “quien difundiere noticias falsas” en el espectro digital. De aprobarse, el artículo 50 de la iniciativa autoriza castigos para quien “cree noticias falsas, infunda pánico, desacredite personas o autoridades provinciales”.
En La Rioja, en el inicio de la discusión sobre una reforma constitucional de esa provincia, el gobernador Ricardo Quintela dijo que la enmienda incluirá la regulación de la prensa independiente. A su entender, la Convención reformadora –con amplia mayoría oficialista– debe discutir sobre “la libertad de expresión y la gobernanza”. El mandatario es crítico de los medios de comunicación y ya meses atrás había propuesto “bloquear” a medios nacionales porque, “dan información podrida”, que no se puede “verificar”.
“Lamento que en un país con tanta historia y jurisprudencia sobre libertad de expresión, en el que la Constitución nacional salvaguarda la libertad de prensa, regresen fantasmas del pasado para tratar de maniatar a los medios de comunicación y amordazar la libertad de expresión de los ciudadanos”, ha dicho el presidente de la SIP, Michael Greenspon.
Greenspon, director global de Licencias e Innovación de Impresión de The New York Times, recordó las declaraciones de Chapultepec y de Salta, esta última sancionada justamente en la provincia argentina que ahora impulsa la polémica ley. Aquellos documentos consagran los principios que deben regir la libertad de prensa y piden a los gobiernos inhibirse de crear leyes o regulaciones que impacten negativamente contra el derecho natural a la libertad de expresión.
El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, Carlos Jornet, agregó que en Salta, la nueva propuesta legislativa es ambigua y peligrosa. “Parece que los funcionarios disfrazan una loable acción para limitar las mentiras, en la creación de un escudo protector para atajar las críticas, las opiniones y las investigaciones periodísticas que los tienen como destinatarios”. Jornet, director periodístico de La Voz del Interior, de Argentina, subrayó que “es igualmente autoritario que un gobierno trate de calificar qué es bueno o malo, verdadero o falso, en materia de comunicación e información”.
Greenspon y Jornet indicaron que para combatir la desinformación, los gobiernos deberían impulsar políticas públicas de alfabetización noticiosa y digital y medidas que fortalezcan el periodismo profesional y abstenerse de imponer mecanismos de censura o sanciones penales. Recordaron también que la SIP “rechaza leyes o regulaciones que afecten la independencia y los criterios editoriales de medios y periodistas”.
La SIP es una organización sin fines de lucro dedicada a defender y promover la libertad de prensa y expresión en las Américas. Está integrada por más de 1.300 publicaciones del hemisferio occidental; y tiene su sede en Miami, Florida, Estados Unidos.
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