La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU ha vuelto a ser contundente en su cuarto informe, presentado este 20 de septiembre: “Los ataques al espacio cívico y democrático en Venezuela se están intensificado a través de políticas estatales que buscan silenciar la oposición o crítica al Gobierno del presidente Nicolás Maduro”.
El organismo confirma, en esta oportunidad, que entre enero de 2020 y agosto de 2023 se han cometido en este país, “al menos 5 privaciones arbitrarias de la vida, 14 desapariciones forzadas de corta duración y 58 detenciones arbitrarias cometidas durante este tiempo… 28 casos de tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes contra personas detenidas, incluidos 19 casos de uso de violencia sexual y de género contra hombres y mujeres en el mismo periodo”.
En 21 páginas y VII capítulos, la Misión centra su atención en el aparato estatal y sus mecanismos de represión y las restricciones del espacio cívico y democrático, así como en la creación de la Dirección de Acciones Estratégicas y Tácticas (DAET) como parte de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), dedicando un apartado a la censura y el ataque a los medios de comunicación.
“La misión tiene motivos razonables para creer que el Gobierno ha censurado y restringido repetidamente las actividades legítimas de los medios de comunicación… En 2021, la mayoría de los periódicos del país habían abandonado sus ediciones impresas y habían cerrado o se habían reconvertido a plataformas digitales”, reza el informe.
Sobre este punto, las instituciones que velan por la libertad de expresión en Venezuela, no han tardado en reaccionar. Marianela Balbi, Directora Ejecutiva del Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela (IPYS), ha conversado con XPRAmerican y ha fijado posición…
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