El goteo no cesa. La dirección de la Cadena SER parece dispuesta a seguir menguando incesantemente su plantilla, aunque de manera sigilosa. Poco a poco y uno a uno si hace falta. Después de los despidos de periodistas o técnicos su nuevo ‘foco de actuación’ es el departamento comercial. Es en este ámbito donde se ha producido la última de las salidas con el despido de Julio Antonio Caballero Casado, responsable de Eventos y Acciones Especiales. O mucho cambian las cosas o el verano será más que movido en el seno de la principal emisora de Prisa Radio en España.
La Cadena SER lleva justo un mes despidiendo profesionales en sus emisoras autonómicas o locales repartidas por toda nuestra geografía. Y con este último son ya diez las salidas que se han producido en el último mes. Las cuatro primeras tuvieron lugar en el País Vasco con la salida fulminantes de Vicky Pizarro y Gabi Ramos de Radio San Sebastián y Marcelino Rodríguez y Olga Jiménez de Cadena SER Vitoria. Después continuaron con Ángela Garrido, comercial y creativa publicitaria de Radio Sevilla, y Alfonso Fernández (redactor) y Alejandro García Bermejo (técnico) de Radio Toledo. El 9 de junio llegaron dos más en Cadena SER Guadalajara y Toledo (Juan Solo de SER Guadalajara y de José Ángel Candel de Cadena SER Albacete).
Ante esta situación que tiene muy intranquila y preocupada a la plantilla de la Cadena SER el Comité Intercentros se reunió la pasada semana con la dirección, como recogíamos en prnoticias. Durante el encuentro los representantes de los trabajadores exigieron a la empresa la paralización inmediata de los despidos que han cesado durante el último mes. Sin embargo, parece que la emisora ha hecho oídos sordos a las peticiones de la plantilla y su única respuesta ha sido una nueva baja esta vez en su departamento comercial. El Comité Intercentros de la principal emisora de Prisa Radio ya ha anunciado que no descarta demandar a la empresa por esta constante de despidos, tras
El Comité ha avisado a la dirección de que sus servicios jurídicos están evaluando la posibilidad de llevar a los tribunales el incumplimiento del compromiso que contrajo la Empresa con los trabajadores “de tomar medidas alternativas a las meramente extintivas”, si la plantilla accedía a la rebaja salarial que aprobó en referéndum el pasado año.