Los inspectores de Hacienda denuncian la existencia de una amnistía fiscal encubierta, que ha sido apoyada todos los grupos parlamentarios y que ha dejado sin responsabilidades penales a muchas de las grandes fortunas españolas, que habían incumplido los requisitos legales establecidos para gozar del régen tributario especial de las sociedades de inversión colectiva, más conocidas como SICAV.Se trata de las instituciones de inversión favoritas de quienes más capacidad de inversión tienen y, como ocurre en la mayoría de los países, están casi exentas de tributación, lo que demuestra que mucho que cambie la humanidad, el verdadero poder lo sigue ostentando el dinero, razón la que casi están exentos del pago de puestos.
La facilidad con que este dinero huye ante cualquier tipo de presión tributaria, hace poco recomendable a los Gobiernos el acoso tributario. Por ello, las inspecciones abiertas la Inspección sobre algunas de estas sociedades habían generado enormes presiones, ya que ningún Gobierno, de ninguna tendencia política, está dispuesto a protagonizar una huída de capitales de sus países, que suponga un frenazo en seco del creciento económico.
Por ello, en los últos meses hemos vivido una guerra de competencias, en la que una parte del colectivo de inspectores reclamaba el derecho a revisar que estas sociedades cumpliesen sus condicionantes legales, como el de contar con un centenar de socios, mientras, que el Gobierno y el resto de los partidos parlamentarios decidían que el organismo encargado de determinar ese cumpliento no es la Inspección, sino la Comisión del Mercado Nacional del Mercado de Valores (CNMV), que es la encargada de otorgar carta de naturaleza a este tipo de instituciones de inversión colectiva.
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