Reporteros Sin Fronteras RSF, presentó este lunes 22 de febrero un exclusivo informe, “Bajo Riesgo“. Esta investigación la realizaron con el apoyo de la UNESCO. En el mismo estudia de manera exhaustiva los mecanismos de protección a los periodistas en América Latina. Específicamente analiza la situación en Brasil, Colombia, Honduras y México, los países más peligrosos para el ejercicio del periodismo en la región.
Entre 2012 y 2021 suman 134 periodistas asesinados en el ejercicio de su profesión entre México, Brasil, Colombia y Honduras. Sin embargo, este 2022 el panorama no pinta mejor, ya que en solo 2 meses ya van 7 trabajadores de la prensa asesinados. Muchos de sus colegas tienen mejor suerte no son asesinado pero si víctimas de agresiones físicas y verbales, amenazas, secuestros, o detenciones arbitrarias. Además procedimientos judiciales abusivos, actos de espionaje o la destrucción de su material de trabajo, por citar solo una parte de los abusos a los que se exponen.
El informe de RSF “Bajo Riesgo”
Bajo este escenario cada vez más controversial, los gobiernos mexicano, brasileño, colombiano y hondureño han establecido
programas de protección para los periodistas. También para los defensores de los derechos humanos, del medio ambiente y para
los líderes sociales.
Estos mecanismos de protección son la respuesta a las denuncias de las víctimas de amenazas. Las autoridades realizan evaluaciones de riesgos, debaten las necesidades y los tipos de medidas que deben adoptarse y ponen en marcha planes de protección a los solicitantes. Desde ese entonces los periodistas en riesgo quedan bajo la tutela del Estado y reciben medidas de protección. Entre estas acciones están: patrullas de policía que realizan vigilancias de forma regular, “botones de pánico” que avisan inmediatamente de un peligro a las fuerzas de seguridad. Además vehículos blindados, chalecos antibalas, la instalación de cámaras de seguridad o su reubicación como beneficiarios del programa en otra ciudad.
Sin embargo, no todo es color de rosa, el análisis llevado a cabo por RSF ha identificado graves problemas y deficiencias que obligan a realizar, cambios para que estas políticas de protección sean realmente eficaces. A pesar de que gozan de un marco legal y normativo adaptado a ellos (excepto en Brasil), los mecanismos de protección adolecen de fallos estructurales importantes. Esto evita su correcta aplicación. Todos ellos dependen de instituciones ineficaces (policía, ejército, justicia). Además las metodologías de análisis de riesgo no tienen siempre en cuenta las especificidades de la labor periodística. También en ocasiones, las medidas de protección son inadecuadas o se aplican demasiado tarde. Por otro lado muchas veces, los recursos humanos y financieros son insuficientes, etc.
Más hallazgos del informe
El informe también revela que las organizaciones de la sociedad civil tienen una participación insuficiente en la deliberación y la puesta en marcha de medidas de protección. Especialmente en Brasil y Honduras, las modalidades de tratamiento de los expedientes y la utilización de recursos adolecen de falta de transparencia. Los mecanismos no disponen de indicadores que evalúen su funcionamiento. Así como el resultado de las medidas puestas en marcha y que resultan fundamentales para analizar la eficacia y el impacto de estos programas.
Otro de los fallos encontrados en el estudio de RSF es que la coordinación entre las autoridades y los organismos públicos para adoptar medidas de prevención se limita, al seguimiento de los ataques contra los periodistas para identificar las zonas de mayor riesgo. Esto explica que incluso en México o Colombia, donde se han puesto en marcha sistemas de alertas tempranas, las agresiones persistan.
Cuando se trata de exigir cuentas a los agresores, solo Honduras y México disponen de fiscalías especialmente dedicadas a crímenes contra la libertad de expresión. Pero incluso así, la conclusión es la misma en los cuatro países analizados: la coordinación entre los mec
La falta de transparencia y participación social en el funcionamiento de la UNP, así como la falta de involucramiento de los organismos públicos orientados a abordar las causas estructurales de la violencia, limitan la política a la provisión de protección física, perpetuando otras formas de agresión.
anismos de protección y las fiscalías es claramente insuficiente. En Colombia, por ejemplo los especialistas en la materia son unánimes: la Procuraduría General es una gran ausente del programa de protección.
Deficiencias de los planes de protección por país:
1.- México:
Graves deficiencias en la articulación institucional y la responsabilización de los agresores limitan la capacidad del Estado para
enfrentar el contexto histórico de violencia contra la prensa, que sigue siendo estigmatizada por los poderosos. En la práctica,
toda la responsabilidad de protección es delegada al mecanismo.
2.- Colombia:
La falta de transparencia y participación social en el funcionamiento de la UNP. Además la falta de involucramiento de los organismos públicos orientados a abordar las causas estructurales de la violencia, limitan la política a la provisión de protección física. También perpetuando otras formas de agresión.
3.- Honduras:
La falta de presupuesto (que indica una falta de priorización política) debilita el Sistema Nacional de Protección hasta el punto de hacerlo casi inviable, impactando profundamente su capacidad para adoptar medidas de protección efectivas y generando desconfianza y frustración generalizadas.
4.- Brasil:
La fragilidad del marco normativo y del diseño institucional impacta significativamente a la insuficiencia de las medidas ofrecidas y la efectividad de la política. Ello especialmente en los estados donde no se ha implementado el PPDDH y en el contexto político actual en Brasil.
Resultados del estudio
México
A pesar de la existencia, desde 2017, de un Protocolo Nacional de Coordinación, sólo 12 de los 32 Estados de México tienen una Unidad Estatal de Protección que trabaja coordinada con el mecanismo federal. La mayoría de estos estados carecen de recursos financieros y humanos suficientes, mientras que otros han preferido crear mecanismos autónomos.
El gobierno de Andrés Manuel López Obrador anunció durante el año 2021 la creación de un Sistema Nacional de Protección. El mismo estaría basado en una nueva ley general que impone nuevas obligaciones a las autoridades locales y a los estados federados. Sin embargo, la sociedad civil teme que este movimiento suponga retirar al mecanismo federal la responsabilidad de la coordinación nacional de la protección.
Las medidas de urgencia deben reforzarse para adaptarse mejor tanto a peligros inminentes, como a cambios en los riesgos imprevistos.
De aquí a finales de 2022, el mecanismo ha de respetar los plazos fijados por la ley para incorporar beneficiarios y implementar íntegramente los planes de protección.
El mecanismo tiene que mejorar su oferta de protección integral, reforzando específicamente las medidas de apoyo psicológico, jurídico, de autoprotección y seguridad digital. Debe, también, garantizar un sostén económico a los beneficiarios ubicados en refugios temporales.
Brasil:
Creado en 2004 y operativo desde 2005, el programa de protección brasileño, denominado PPDDH*, se fundamenta en acuerdos entre el gobierno federal y los estados, a través de convenios de colaboración con organizaciones de la sociedad civil. Los mismos son las encargadas de poner en marcha los planes de protección.
Este modelo colaborativo depende en exceso de la voluntad política de los gobernadores, genera trabas burocráticas y crea complicaciones para la implementación de los dispositivos de protección. Esto tiene como consecuencia, poner a sus beneficiarios en peligro.
Durante el año 2021, solo siete estados de un total de 26 disponían de un acuerdo de colaboración. Las solicitudes de beneficiarios procedentes de otros puntos de Brasil son tratadas por el equipo federal de Brasilia. Además la mayoría de las veces las medidas de protección no llegan a concretarse. Los solicitantes, al final, solo se benefician de un apoyo institucional, al que suelen seguir nuevos episodios de amenazas y nuevas investigaciones. A nivel local, destaca la ausencia de recursos para la instalación de equipos de seguridad o la reubicación de los solicitantes fuera de sus ciudades.
Para el RSF el PPDDH tiene que adoptar nuevas medidas de seguridad, como la instalación de cámaras de vigilancia y sistemas de alerta conectados a los organismos de seguridad públicos. Además ofrecer chalecos antibalas y dispositivos de seguridad en los lugares de
trabajo y en el domicilio de los beneficiarios (puertas y ventanas blindadas, etc).
La composición del Consejo Deliberativo del programa federal debe modificarse urgentemente, incluyendo de manera equitativa a las organizaciones de la sociedad civil que representan a colectivos protegidos por el PPDDH, y concederles voz y voto.
Honduras:
El mecanismo hondureño fue creado por ley en 2015. Este coordina al conjunto de actores del Estado responsables de la protección de los defensores de derechos humanos, periodistas, comunicadores sociales y operadores de justicia.
Debido a la falta de voluntad política y, por consiguiente, a la ausencia de recursos humanos y financieros, esta coordinación no funciona. En 2021, el presupuesto del SNP ascendió a 430.000 dólares, una cantidad claramente insuficiente para apoyar de manera eficaz a sus 146 beneficiarios y para realizar con agilidad análisis de riesgos.
La instalación de equipos de seguridad y la reubicación de beneficiarios depende de los recursos de la Tasa de Seguridad Poblacional, que financia otras políticas en el país.
Los plazos y las condiciones en las que las fuerzas de seguridad adoptan y aplican las medidas de protección deben ser objeto de un seguimiento riguroso, especialmente en los casos más graves (desplazamientos forzados, escoltas, patrullas policiales, etc.). El SNP tiene que ejercer su rol de monitoreo contando con procedimientos que permitan responsabilizar a las fuerzas y cuerpos de seguridad en el caso de agresiones contra los periodistas y defensores de los derechos humanos.
Colombia:
El programa de protección de periodistas de Colombia es el más veterano de América Latina. Unos años más tarde, se integró en la UNP*, mecanismo autónomo creado en 2011 y encargado de proteger a 16 poblaciones específicas (defensores de los derechos humanos, líderes sociales, excombatientes, etc.).
Actualmente, la UNP es el mecanismo más importante de Latinoamérica, con 6.600 empleados, cerca de 8.000 beneficiarios registrados y un presupuesto de 263 millones de dólares en 2021. La ley contempla la corresponsabilidad en la protección del gobierno nacional y los gobiernos locales, pero en la práctica, la UNP tiene el monopolio de las medidas de protección subcontratando a empresas privadas de seguridad. Cerca del 70% del presupuesto de la UNP se destina a la adquisición de servicios de escoltas, coches blindados y dispositivos
de telecomunicaciones (teléfono, “botones de pánico”, cámaras de vigilancia, etc.).
Las prestaciones de la UNP se reducen generalmente a medidas de seguridad física, en detrimento de una protección integral. Los empleados de empresas privadas, a menudo ex policías y militares marcados por décadas de conflicto armado, mantienen aún una lógica de confrontación contra “el enemigo interno” y no están ni formados, ni sensibilizados con la temática de los derechos humanos, el género o la diversidad étnica.
La UNP tiene que modificar sin falta sus procesos internos para tener en cuenta mejor que ahora el género, la raza, la etnia, el orígen (urbano o rural). Además incluso las orientaciones políticas de sus beneficiarios, así como las especificidades de la labor periodística: necesidad de
movilidad y flexibilidad de horarios. También acceso privado a las fuentes de información, etc.
La UNP debe aumentar igualmente la oferta de servicios psicológicos y garantizar a los beneficiarios ubicados en refugios que puedan estar acompañados de sus familias.
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