En el día en el que se ha conocido que la inflación en nuestro país se ha disparado hasta un 9,8% -el dato más alto desde 1985- las medidas para sufragar la crisis económica del país creadas por el Gobierno siguen siendo foco de debate. Uno de los sectores más polémicos es el energético, ya que el precio de la electricidad sigue siendo uno de las principales preocupaciones entre los consumidores.
Sin embargo, dentro del sector energético hay diversidad de opiniones respecto a las últimas decisiones del Gobierno. Las compañías eléctricas que no utilizan ni gas ni petróleo han mostrado su enfado con el Ejecutivo. El motivo no es otro que la falta de distinción en el endurecimiento de los impuestos sin distinguir entre las eléctricas que se sostienen con materias primas como el gas y el petróleo y las que no.
El hecho de que se dé por sentado que todas las compañías están logrando los mismos beneficios en esta crisis y se las trate, por tanto, igual a la hora de rendir cuentas económicas no ha sentado nada bien en el sector. La realidad es que las empresas gasistas –que actualmente mantienen los costes de producción al mismo nivel que antes- venden el producto con una rentabilidad hasta cinco veces superior.
Según la Dirección General de Aduanas, en diciembre de 2021, el gas entró en España a un precio medio de 58 euros y fue vendido ese mismo mes en el mercado interno por 111 euros. Unas cifras que se han ido incrementando hasta la actualidad.
Tal y como reflejan sus números compañías como Naturgy, Repsol o CEPSA son las más beneficiadas a la hora de engrosar sus beneficios. No sucede lo mismo con nombres como Iberdrola, compañía que ha logrado sus resultados más prósperos gracias a sus negocios fuera de nuestras fronteras y que ha limitado considerablemente los beneficios generados en nuestro país.
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