La reciente noticia sobre cómo Hacienda vigila a los influencers, independientemente de dónde residan, si sus ingresos provienen de España plantea una cuestión clave sobre la fiscalidad de la economía digital y las nuevas responsabilidades estatales de los creadores de contenido. Este tipo de cambios, junto con el creciente control de las plataformas, está remodelando la economía digital y la forma en que los influencers interactúan con los consumidores y las marcas.
¿El actual marco legal español está preparado para abordar la fiscalidad de la economía de los influencers? ¿Existe un vacío normativo? ¿Pueden las marcas ser consideradas corresponsables? ¿Qué papel deberían jugar las plataformas digitales? ¿Qué debe incluir el diálogo entre el sector privado y el legislador para asegurar una regulación equilibrada y eficaz? Estas y otras son preguntas que se plantea el sector en España, y desde PRNoticias las abordamos con un profesional.
José Gabriel García (“Garz”), CEO de Agencia Phi y experto en estrategia digital, habla con nosotros. “La tendencia va hacia una mayor coordinación europea, porque la economía digital, por definición, no entiende de fronteras. Pero eso no significa que vayamos a ver una armonización plena a corto plazo. Lo más probable es que durante bastante tiempo sigan conviviendo marcos nacionales distintos, con matices importantes en residencia fiscal, facturación, retenciones o tributación de ingresos digitales”, es una de sus conclusiones.
¿El actual marco legal español está preparado para abordar la fiscalidad de la economía de los influencers o existe un vacío normativo?
Más que un vacío absoluto, yo diría que hay una descompensación entre la velocidad a la que crece la economía creator y la capacidad del marco regulatorio para aterrizarla con claridad. La legislación fiscal existe, pero no siempre está adaptada de forma específica a modelos de ingresos tan fragmentados, internacionales y cambiantes como los de los creadores digitales. El problema no es solo jurídico, sino interpretativo. Cuando un creador mezcla campañas, afiliación, monetización de plataformas, cesión de imagen o ingresos desde distintos países, la normativa general puede quedarse corta en términos de claridad práctica. Y eso genera incertidumbre tanto para los creadores como para las marcas.
¿Pueden las marcas ser consideradas corresponsables si un influencer no declara correctamente ingresos generados en campañas digitales con origen en España?
Las marcas no son, en principio, responsables directas de las obligaciones fiscales del creador, pero sería ingenuo pensar que quedan completamente al margen. La responsabilidad ya no se mide solo en términos legales, sino también en términos de diligencia, trazabilidad y reputación. Si una empresa trabaja de forma sistemática con perfiles que no están profesionalizados o no cumplen unos mínimos de transparencia, se expone a un riesgo indirecto. No hablo necesariamente de sanción automática, pero sí de una mayor exigencia en controles, documentación y procesos. La pregunta ya no es solo “qué contrato tengo firmado”, sino “con quién estoy trabajando y bajo qué garantías”.
¿Qué papel deberían jugar las plataformas digitales en garantizar la transparencia fiscal y contractual entre marcas e influencers?
Las plataformas son una pieza estructural de esta economía y, por tanto, no pueden limitarse a ser meros intermediarios tecnológicos. No les corresponde sustituir a la administración ni a los asesores, pero sí facilitar un ecosistema más transparente. Tienen capacidad para ordenar mejor la información sobre monetización, procedencia de ingresos, colaboración comercial y trazabilidad de pagos. Igual que han asumido otras funciones vinculadas a publicidad, contenido patrocinado o protección del usuario, también deberían evolucionar hacia mecanismos que ayuden a dar más visibilidad y claridad a las relaciones económicas que se producen dentro de sus entornos.
¿Cómo impactan estas nuevas exigencias fiscales en la reputación corporativa de las empresas que invierten en marketing de influencia?
Impactan mucho más de lo que parece, porque obligan a las marcas a revisar no solo qué mensaje lanzan, sino con qué socios lo construyen. Hoy la reputación corporativa también pasa por la cadena de valor de la comunicación: quién representa a la marca, cómo opera y bajo qué estándares. Las empresas que invierten en marketing de influencia van a tener que incorporar una mirada más preventiva. Ya no basta con elegir al perfil con más alcance o mayor afinidad; habrá que valorar también su nivel de profesionalización, su estructura y su transparencia. En este contexto, una mala elección no solo puede generar ruido fiscal, sino también erosionar la credibilidad de la marca.
¿Qué debe incluir el diálogo entre el sector privado y el legislador para asegurar una regulación equilibrada y eficaz?
Ese diálogo tiene que partir de una premisa básica: estamos ante una actividad económica nueva en sus formatos, pero no marginal en su impacto. Por eso la regulación tiene que combinar seguridad jurídica con realismo operativo. Hace falta hablar de varias cosas a la vez: definición clara de actividad profesional, tratamiento de ingresos internacionales, responsabilidades de cada actor, criterios de trazabilidad y mecanismos que eviten que la norma castigue más la confusión que el fraude real. Si la regulación quiere ser eficaz, tiene que entender cómo funciona de verdad esta economía, no cómo funcionaba el mercado publicitario hace diez años.
¿Crees que estamos avanzando hacia un modelo europeo armonizado en la fiscalidad de creadores digitales o persistirán diferencias nacionales que compliquen la actividad transfronteriza?
Creo que la tendencia va hacia una mayor coordinación europea, porque la economía digital, por definición, no entiende de fronteras. Pero eso no significa que vayamos a ver una armonización plena a corto plazo. Lo más probable es que durante bastante tiempo sigan conviviendo marcos nacionales distintos, con matices importantes en residencia fiscal, facturación, retenciones o tributación de ingresos digitales. Y eso va a seguir generando complejidad para creadores, agencias y marcas que operan en varios mercados. La lógica europea empuja hacia más convergencia, pero la práctica todavía va a estar muy condicionada por intereses y estructuras fiscales nacionales. Por eso, durante los próximos años, gestionar bien la actividad transfronteriza va a ser una ventaja competitiva tanto para los creadores como para las marcas.
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