Cuando asumió la cartera de Sanidad, algunos ingenuos pensaron que venía a solucionar uno de los mayores problemas del sistema sanitario español: la falta de profesionales, la sobrecarga asistencial y el creciente descontento de médicos y enfermeros. Sin embargo, la anestesista de Más Madrid ha optado por una estrategia innovadora: conseguir encabronar a todos. Más madera.
Su gran obra, el nuevo Estatuto Marco, ha logrado una hazaña política poco frecuente. Ha conseguido el rechazo de todas las comunidades autónomas encargadas de aplicarlo; ha provocado la contestación frontal de los profesionales sanitarios, destinatarios directos de la norma; y ha fomentado la desesperación de los pacientes, que empiezan a percibir que cuando faltan médicos, las consecuencias las pagan ellos.
En lugar de aliviar la crisis de recursos humanos, el proyecto parece haber añadido nuevas dosis de incertidumbre y conflicto. Los sindicatos profesionales, habitualmente divididos en numerosos asuntos, han encontrado un inesperado punto de unión: su oposición al texto ministerial.
El rechazo expresado en el último Consejo Interterritorial constituye una señal difícil de ignorar. Pero la ministra, en su cerrazón, mantiene una serenidad admirable propia del pirómano que contempla el incendio. Tal vez porque su mirada ya apunta hacia su admirado TEDROS y su futuro en la OMS.
Resulta descorazonador comprobar que una de las instituciones más importantes del Estado puede quedar en manos de alguien cuya principal virtud parece ser la perseverancia en el error. Más preocupante aún es que esa obstinación venga acompañada de una arrogancia que rara vez se asocia a la inteligencia y casi siempre a la incapacidad de aprender.
Persistir una y otra vez en decisiones rechazadas por profesionales, pacientes, sindicatos y administraciones sólo puede obedecer a una convicción tan simple como inquietante: la de creer que uno tiene derecho a hacer las cosas como le da la gana y que todos los demás, por el mero hecho de discrepar, deben de estar equivocados. Como si quienes sostienen día a día la sanidad pública fueran actores secundarios obligados a aceptar decisiones ajenas por imperativo del sistema.
La historia de la sanidad española ha conocido ministros mejores y peores, pero cuesta recordar una etapa en la que el principal rasgo de quien la dirigía fuera una incapacidad tan manifiesta para escuchar.
Y cuando quien no escucha es precisamente quien más debería hacerlo, el problema deja de ser político para convertirse en una amenaza a la salud pública y, por tanto, al propio sistema.
José Antonio RULFO
