Las principales asociaciones españolas del sector farmacéutico y cosmético han manifestado su respaldo al objetivo ambiental de la Directiva (UE) 2024/3019, orientada a mejorar la calidad de las aguas residuales urbanas y combatir la microcontaminación. No obstante, han solicitado cautela a las administraciones públicas en su aplicación, coincidiendo con el cierre de la consulta pública previa del anteproyecto de ley impulsado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
Las organizaciones subrayan que la sostenibilidad, la protección del medio ambiente y la salud pública constituyen pilares fundamentales de su actividad. En este sentido, apelan a la responsabilidad de las autoridades europeas y nacionales para garantizar una regulación adecuada de un recurso clave como el agua, cuyo futuro depende en gran medida de decisiones normativas bien fundamentadas.
Las siete asociaciones firmantes —Aelmhu, Aeseg, Anefp, AseBio, BioSim, Farmaindustria y Stanpa— han expresado su preocupación por el diseño del sistema de responsabilidad ampliada del productor (RAP). Según advierten, este mecanismo introduce un elevado grado de incertidumbre regulatoria, técnica y económica, lo que dificulta anticipar su impacto real sobre las empresas afectadas.
A esta situación se suma el actual contexto de inseguridad jurídica en Europa, marcado por el recurso presentado por Polonia ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y por la cuestión prejudicial planteada por el Tribunal Superior de Irlanda. Ambos procesos cuestionan aspectos clave del régimen de RAP, lo que, a juicio del sector, refuerza la necesidad de una transposición prudente en España.
Costes, incertidumbre y retos técnicos
Para analizar el alcance de la normativa, las asociaciones han encargado un informe técnico y jurídico a la consultora PwC. El estudio concluye que el sistema, tal y como está planteado, podría vulnerar principios como el de “quien contamina paga”, además de presentar limitaciones metodológicas y falta de evidencia sólida sobre la contribución real de estos sectores a la contaminación de las aguas.
Entre las principales preocupaciones, el sector destaca la falta de claridad en los costes asociados, que oscilan entre 134 y 346 millones de euros anuales, así como la indefinición de los criterios de exención. También advierte de los retos técnicos y económicos que plantea la implantación del tratamiento cuaternario en España, donde aún existen importantes déficits en el tratamiento de aguas residuales. Por ello, las asociaciones solicitan posponer la aplicación del sistema hasta que se resuelvan estas incertidumbres y se garantice una financiación equilibrada que no recaiga de forma desproporcionada sobre determinados sectores.
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