En este contexto, el testimonio recogido por El Mundo de un menor magrebí de 17 años resulta especialmente revelador. El adolescente acudió a una comisaría acompañado por un ciudadano ceutí después de haber sido, según su relato, brutalmente agredido por un hombre al que no conocía. El acompañante, que hasta entonces trabajaba para el presunto agresor, aseguró: «El chico no ha hecho nada. Simplemente ha pasado por delante del lugar donde trabajamos». Según su testimonio, el hombre salió corriendo, comenzó a golpear al menor con puñetazos y patadas y terminó empujándolo por unas escaleras. Después de acompañarlo al hospital y posteriormente a la Policía, el trabajador regresó a su puesto. La respuesta fue inmediata: «Estás despedido, vete».
Más allá de la investigación que corresponda realizar sobre esta agresión concreta, el episodio ilustra una realidad preocupante: adolescentes que deberían encontrarse bajo protección institucional siguen expuestos a la intemperie, la violencia y la ausencia de referentes adultos.
Mientras tanto, el Gobierno intenta articular una salida. Sira Rego ha planteado la acogida solidaria de los menores entre las comunidades autónomas y ha convocado para el 27 de agosto la Conferencia Sectorial de Juventud e Infancia. El Ejecutivo ha anunciado además 25 millones de euros para reforzar la atención en Ceuta.
El problema es que la solución se ha convertido también en una batalla política. El PP reclama el retorno de los menores a Marruecos, mientras Vox rechaza el sistema de redistribución. Pero las devoluciones no pueden realizarse de forma automática: deben estudiarse individualmente y atendiendo al interés superior del menor.
Y mientras Gobierno, autonomías y partidos discuten el reparto de responsabilidades, miles de adolescentes continúan esperando una respuesta. En una crisis de estas dimensiones, la primera obligación no debería ser ganar el relato político, sino impedir que un menor tenga que buscar refugio por sí mismo en una comisaría.
José Antonio RULFO
