La Asociación de Empresas Consultoras en Relaciones Públicas y Comunicación (ADECEC) ha presentado una queja formal ante la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) con motivo de las condiciones del concurso para servicios de comunicación que ha puesto en marcha, y a cuya presidenta ha remitido una carta formal de protesta por las inasumibles condiciones técnicas demandadas en relación con precio estipulado.
El concurso requiere servicios de comunicación corporativa, gabinete de prensa, gestión de web, community management y clipping a un equipo formado, al menos, por 5 personas con disponibilidad 7/24 al tiempo que exige a la empresa prestataria del servicio un compromiso de conciliación familiar, todo ello en base a un presupuesto del que, una vez deducido los gastos laborales, se desprendería un beneficio industrial casi inexistente.
A través de la carta remitida a la AIReF – de la que todavía no ha tenido respuesta alguna-, ADECEC, como patronal del sector de la comunicación y las relaciones públicas, solicita que se reconsideren las condiciones de la licitación porque considera que no es posible ese nivel de dedicación de forma sostenible para las agencias y hacerlo, por otra parte, de forma compatible con las políticas de conciliación que en la misma licitación exigen es casi imposible. ADECEC ha destacado además la dificultad añadida de cumplir con esas condiciones con la legislación relativa al registro laboral y a la desconexión digital.
Para Almudena Alonso, presidenta de ADECEC, “si bien el concurso de AIReF cumple la Ley de Contratos del Sector Público, nos parece que no tiene en cuenta el verdadero valor de los servicios profesionales que prestan las agencias de relaciones públicas y los consultores que las componen en un área estratégica para las organizaciones como es la comunicación”.
ADECEC trabaja de manera constante por impulsar unas relaciones sanas entre consultora y cliente. Para ello realiza un seguimiento de aquellos concursos y prácticas que ponen en riesgo la profesionalidad y la reputación del sector, abogando porque los criterios para su adjudicación sean lo más claros, abiertos, coherentes y transparentes posible, y permitan que se dé una competencia legítima pero, sobre todo, sensata.
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