El pasado viernes 22 de julio el gobierno ecuatoriano liderado por Guillermo Lasso afirmó que la ley de comunicación aprobada en el Congreso de la República por la bancada del correísmo, busca restringir los Derechos Humanos a la libertad de expresión e información.
Con 75 votos de 137, la Asamblea Nacional acordó en segundo debate la aprobación de la ley de comunicación. Ello tras rechazar el informe aprobado por la Comisión de Relaciones Internacionales, que solicitó el debate de una nueva ley. Esta aceptación provocó de inmediato el rechazo que asume el gobierno ecuatoriano. Ello frente al intento de la nueva mayoría legislativa de censurar el trabajo de la prensa. Además calificaron la ley de “mordaza”.
La votación…
Durante la primera votación, el pleno votó varios artículos del proyecto de ley de comunicación. Hubo 55 votos a favor, 63 en contra y 13 abstenciones. Entre tanto, la nueva segunda vicepresidenta, Marcela Holguín propuso una moción para que la cámara rechazara la moción de la mayoría. Además para que procediera a votar la moción de la minoría presentada por el también integrante de la bancada del correísmo, el legislador Ángel Maita.
Posteriormente, una vez que se presentaron algunos informes para su consideración, de las 126 personas que asistieron a la reunión, 75 personas apoyaron la aprobación del informe de minoría. Otros 21 se opusieron y 30 lo rechazaron.
Por su parte, el presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales, Juan Fernando Flores, aseguró que el texto aprobado por el pleno asambleario es regresivo en materia de derechos. Ello porque obligaría a los periodistas y a la opinión pública a rendir cuentas sobre el ejercicio de la libertad de expresión ante organismos políticos.
Flores, advirtió que el informe de minoría no cumple con los procedimientos de técnica legislativa por lo cual sería incongruente que en el pleno legislativo apruebe este informe que no ha pasado por la Unidad Técnica Legislativa. El congresista ecuatoriano de raíces venezolanas señaló la necesidad de revisar las consecuencias gramaticales del texto aprobado como la ausencia de verbos rectores que permiten delimitar la existencia de una conducta prohibida.
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