La firma global de consultoría de comunicación, gestión de la reputación y asuntos públicos LLYC presentó un informe sobre el primer año de gobierno del presidente peruano, Pedro Castillo. Esta investigación la realizaron Gonzalo Carranza socio y Director General de LLYC Perú y Augusto Álvarez Rodrich reconocido economista y periodista junto al equipo de Deep Learning de LLYC.
El primer año de la administración del presidente peruano ha significado, un período complejo de adaptación para sus empresas y ciudadanos a nuevas formas de ejercer el poder, estableciendo desafíos relevantes. La trayectoria seguida por el Perú en los últimos once meses, a partir de la elección como presidente de Pedro Castillo, ha estado marcada por el replanteo de varias políticas públicas. Ello con el fin de enfrentar problemas antiguos, generando incertidumbre respecto de los escenarios futuros del Perú.
Actualmente en vísperas del primer año del presidente peruano hay un escenario de insatisfacción e incertidumbre. Según LLYC ello se evidencia en indicadores como la confianza empresarial para invertir y contratar y la confianza de los consumidores. Además la valoración de la ciudadanía a la gestión del gobierno, entre otros.
Las conclusiones del primer año de gobierno del presidente peruano según LLYC
Gobierno con rumbo errático, desordenado e incierto
La administración del Pedro Castillo ha estado marcada por una falta de dirección debido a la carencia de un Plan de Gobierno con objetivos precisos. Estos que más allá de lemas potentes, como el de ‘no más pobres en un país rico’ o “el inicio de la segunda reforma agraria”, ordenen la agenda de trabajo del sector público. El presidente peruano ha reformulado su Gabinete Ministerial en 4 ocasiones. Ello incluyendo el cambio de más de 50 ministros de Estado en sólo 10 meses de gobierno.
Presidencia débil
La presidencia de Castillo nació debilitada por la confluencia de varios factores, entre ellos:
1.- Falta de liderazgo de la agenda pública post elecciones. Ello estando marcada por la reacción de los sectores perdedores en la elección. Los mismos que reclamaron fraude electoral durante varias semanas. De acuerdo a la huella digital analizada por el Área de DDB (Deep Digital Bussiness) de LLYC, el tema principal de la conversación digital en torno al inicio del gobierno de Castillo era el posible fraude electoral.
2.- La falta de un plan de gobierno preciso y con ejes definidos que pudiera ser exhibido por Castillo durante la campaña electoral. Ello que sirviera como compromiso ante la ciudadanía. Además fungiera hoy en día como bitácora de trabajo para los sectores de Gobierno.
3.- La falta de efectividad de las primeras decisiones tomadas desde Palacio de Gobierno debido a la carencia de profesionalismo y expertise de, por un lado, el círculo más cercano al Presidente y, por otro lado, de funcionarios en puestos claves de la administración pública. Los mismos nombrados por una prioridad casi excluyente sobre su procedencia geográfica, política o familiar.
4.- Las contradicciones iniciales dentro del Poder Ejecutivo por un esquema de asignación de cuotas de poder en la administración de sectores
vinculados al entorno del Presidente. Ello sin prestar atención a la capacidad técnica y consistencia de los equipos.
La pérdida de oportunidades para la enmienda mella la esperanza de que el Gobierno pueda corregirse en el futuro
A lo largo de los diez meses de gobierno se presentaron evidentes oportunidades para la reflexión de Pedro Castillo y la enmienda del rumbo de su gobierno. Además, eran esperadas por parte de distintos sectores de la sociedad. Un momento evidente ocurrió en abril de 2021, cuando el Presidente Castillo se reunió con el cardenal Pedro Barreto y con Max Hernández, el secretario técnico del Acuerdo Nacional – instancia que reúne a partidos políticos para concretar pactos específicos de gobernabilidad–. Les informó de su convencimiento de que el rumbo que había seguido su gobierno era equivocado. Además les aseguró que iba a producir un “cambio de rumbo radical”. Para lo cual se iba a realizar una convocatoria para abrir el gobierno a sectores que le dieran una mayor amplitud. Sin embargo, ello no sólo no se concretó, sino que se continuó en el camino previo.
Liderazgos múltiples en el gobierno
La relación de Vladimir Cerrón con Pedro Castillo ha sido un factor clave para entender la dinámica del gobierno durante los primeros diez meses. En el entendimiento del secretario general de Perú Libre el partido debe tener, como agrupación ganadora de la elección. Un papel protagónico en la gestión del gobierno. Ello incluso al cual debe supeditarse el Presidente de la República.
Esta situación generó un problema de liderazgos múltiples en el gobierno. Ello en un esquema en el que la gravitación del jefe de Estado ha sido permanentemente desafiada por el secretario general de Perú Libre. Tanto así, que Vladimir Cerrón es una de las personas que lidera la conversación digital sobre Pedro Castillo, con comentarios positivos y neutros acerca de su gobierno. Además que con sus publicaciones moviliza la agenda política y mediática.
Pese a la tensión actual entre Castillo y Cerrón, Perú Libre retiene un amplio control del sector público por la gran cantidad de nombramientos ocurridos durante los últimos diez meses en diferentes áreas del gobierno.
Severo deterioro de la capacidad de gestión pública
Desde el inicio del Gobierno de Castillo, se ha producido una importante erosión en la calidad de la gestión pública causada, entre otros, por un
amplio número de nombramientos de personas sin perfil técnico ni experiencia, sino en atención a motivaciones políticas, partidarias, amicales y familiares.
Esto, a su vez, representa un serio problema para la actividad privada en su necesidad de interactuar con el gobierno con relación a sus operaciones regulares y decisiones de inversión. Ello tanto por la elevada rotación de funcionarios, como por su escaso conocimiento de la naturaleza y alcance de su tarea. Ello mellando de manera importante el clima de negocios en el país.
El deterioro en la capacidad de gestión del gobierno también se manifiesta en la caída en la inversión pública del Gobierno Nacional, que entre enero y abril de 2022 registró un retroceso de 6.8%.
Elevación del riesgo regulatorio
El mercado laboral es el que más ha sufrido las consecuencias de este fenómeno por la aplicación de una agenda de reformas desde el Ministerio de Trabajo promovidas como la defensa de los trabajadores y de los pobres. Sin embargo, con consecuencias prácticas totalmente
contradictorias con ese propósito. Como ha sido el caso de la limitación a la tercerización de servicios en las empresas.
También contribuye a elevar el riesgo regulatorio para las empresas la reducción del peso político y de influencia del Ministerio de Economía y
Finanzas durante la presidencia de Castillo.
Esta situación eleva el riesgo regulatorio para las empresas que operan en el país, en el sentido de la aparición súbita y sin mayor debate público, de normas que alterarán de manera gravitante los marcos legales de la actividad.
Planteamiento de una Asamblea Constituyente
Siendo preocupante para la marcha de la reactivación económica el aumento del riesgo regulatorio que afecta a casi todas las empresas. Otro factor clave de peligro para el clima de negocios en el país es la iniciativa del gobierno de convocar a un referéndum para la elección de una asamblea que se ocupe de preparar una nueva Constitución.
Esta iniciativa responde en realidad al plan de gobierno de Perú Libre preparado por su secretario general Vladimir Cerrón. Aunque al inicio de la administración varios integrantes del Poder Ejecutivo se preocuparon de anunciar que la misma no era prioritaria. Ello a partir de la previsión de que podía llegar a ralentizar y hasta suspender la inversión por la incertidumbre sobre las reglas fundamentales de la marcha económica. Posteriormente el propio Presidente Castillo optó por respaldar la instalación de una Asamblea constituyente mediante un referéndum a realizarse en octubre del 2022, para lo cual envió un proyecto de ley al Congreso, donde la propuesta fue debatida en la Comisión de Constitución, la cual finalmente votó por descartar y archivar el proyecto.
Deterioro de la confianza empresarial
Los primeros diez meses del gobierno del Presidente Castillo, se ha erosionado la confianza empresarial y de los consumidores. Esto llegándose a mínimos históricos en el país. Esto, a su vez, redunda, en el marco de una desaceleración de la economía mundial, en una reducción de la proyección de crecimiento económico del país de alrededor de 2.5% para el año 2022, principalmente debido al sector
externo. Sin embargo, con un enfriamiento previsible de la actividad interna especialmente durante el segundo semestre. Esto afectará al empleo y generará tensión social.
En cuanto al sector empresarial, se han producido sensibles caídas en la confianza para invertir y para contratar personal. El efecto principal de este fenómeno ya se siente en el año 2022 pero será mucho más marcado en el año 2023.
Crecimiento de la conflictividad social en regiones
La conflictividad social en el país, especialmente en zonas de explotación de recursos naturales como minería o petróleo. Esto ha aumentado en el último año, no solo en el número de conflictos sociales registrados, sino en la intensidad y violencia de los mismos. Ello convirtiéndose en
una fuente relevante de inestabilidad para la gobernabilidad del país. Así como un obstáculo creciente para el desarrollo de la actividad empresarial vinculada a los mismos.
Acusaciones de corrupción que implican a Pedro Castillo
Un problema frecuente que ha tenido el gobierno son los escándalos de corrupción que se han destapado durante el primer año.
Del mismo modo, mediante sus testimonios, algunas de las personas involucradas en las investigaciones se están acogiendo a la ‘colaboración eficaz’ con la justicia, que consiste en el reconocimiento de haber cometido un delito. Además la entrega a la fiscalía de información relevante vinculada al mismo, a cambio de la reducción de la eventual condena que les corresponda.
Algunos de esos testimonios apuntan directamente al Presidente Castillo. Sin embargo, de acuerdo con la Constitución, el jefe de Estado no puede ser acusado durante su mandato, salvo por causas precisas establecidas en la misma, ninguna de las cuales está referida a hechos de corrupción.
Pedro Castillo y el Congreso Peruano según LLYC
La relación actual entre el Congreso y el gobierno es tirante, pero con la particularidad de que más es el ruido que las nueces debido a que el Poder Legislativo no ejerce un real control político porque no quiere que la tensión llegue al punto de una censura al Consejo de Ministros o hasta la vacancia del Presidente, lo cual abriría la puerta para una eventual disolución del Congreso.
Según el Perú actualmente no cuenta con un Poder Ejecutivo con la claridad conceptual. Ello para oponerse a esas distorsiones, ni con un
ministerio de economía y finanzas con el peso político y el liderazgo para detener dichos impulsos.
El Congreso peruano ha puesto en marcha varias iniciativas que apuntan a retroceder en reformas importantes lanzadas en los últimos años en el país. Las mismas aún están en fase de formación, como en la educación universitaria o el transporte público. Ello en línea con sectores con intereses comerciales opuestos a esos avances.
Asimismo, el Congreso ha tenido expresiones contrarias a la racionalidad económica, volviéndose un espacio que promueve o favorece la aprobación de medidas que elevan el riesgo regulatorio para las empresas, en coincidencia con el Poder Ejecutivo, perjudicando el clima de
negocios en el país.
Perspectivas de la presidencia de Pedro Castillo
La presidencia de Castillo, su gobierno transita en medio de turbulencia debido a crisis frecuentes y continuas que impiden proyectar con certidumbre relativa la posibilidad de que culmine el mandato de un lustro establecido en la Constitución, que termina en el año 2026. Una comparación frecuente que se hace es la de un gobierno que anda permanentemente en la sala de cuidados intensivos.
En la opinión pública se viene produciendo un deterioro de la aprobación al presidente Castillo. Ello al punto que en junio de este año lo desaprueba el 70% de la población, según el Ipsos.
Finalmente, en medio de este declive de la perspectiva del clima de negocios en el Perú, y en general del país, es crucial una respuesta articulada de la inversión privada y de la sociedad civil. Esto con el fin de defender las ideas que permitan recuperar la senda de avance, reconociendo, al mismo tiempo, las deficiencias que han impedido satisfacer las legítimas aspiraciones sociales de toda la población, y planteando el lanzamiento efectivo de las reformas pendientes que permitan la construcción de un futuro de progreso para todos.
Seguiremos informando…
