LLYC ha celebrado en su sede de Madrid una mesa redonda para abordar los retos de la cadena alimentaria en la nueva legislatura europea. El debate, en la antesala del inicio de la campaña electoral, ha sido moderado por el director de la Oficina Alimentaria de la firma, Fernando Moraleda, y ha contado con la presencia de los candidatos de PSOE, PP y Sumar al Parlamento Europeo responsables de este sector.
Los tres han centrado sus mensajes en el futuro del Pacto Verde Europeo, las cláusulas espejo a las importaciones de la UE y las consecuencias de la infoxicación en un sector que es clave para la economía española. Representa la principal fuente de riqueza para la economía española, contribuye con un 9,2% al PIB y genera el 11,4% del empleo en nuestro país. Su futuro, más allá de una cuestión nacional, está íntimamente ligado a la regulación de la Unión Europea.
Sobre el futuro del Pacto Verde Europeo y las políticas verdes, Ana María Romero cree que “es importante buscar soluciones al cambio climático, siempre de la mano de los profesionales del sector alimentario”. “Estas soluciones deben contar con financiación y tienen que ser progresivas y con plazos realistas. La sostenibilidad y la rentabilidad deben ir de la mano”, afirma.
Difiere Esther Herranz. En su opinión “el pacto verde no deja vivir a los agricultores y por eso queremos suspender su aplicación para buscar un reequilibrio”. Considera que “todos tenemos la responsabilidad de frenar el cambio climático, pero antes debemos darle a agricultores y ganaderos seguridad jurídica”.
Para Florent Marcellesi: “Hay un ataque frontal contra el pacto verde. Esto lo pagarán las generaciones futuras, por ello debemos repensar la forma de producir y consumir que tenemos. La PAC debe ir hacia un camino más sostenible. Cuando llegue el 9 de junio votaremos si queremos retroceder a la agricultura del siglo XX o avanzar hacia un nuevo modelo”.
Ana María Romero, candidata del PSOE al Parlamento Europeo ha defendido “un mayor control en las fronteras. Se debe mejorar la ley de la cadena alimentaria. Queremos una Europa mucho más abierta, pero sin que haya una competencia desleal”.
Mientras que a Esther Herranz, candidata popular, le parece “un brindis al sol” y apuesta por “una suspensión temporal del Pacto Verde Europeo”. “La ley de control en las fronteras se aprobó hace 15 años y se ha incumplido continuamente. Exigimos que quien quiera introducir sus alimentos pague el control, al estilo americano. Esta es la única manera de tener seguridad y proteger a nuestros productores”, ha añadido.
Por último, Florent Marcellesi, candidato de Sumar, asegura: “Las cláusulas son lo mínimo para defender a los trabajadores y agricultores. De esta forma se alcanzará la soberanía y la autonomía. Una soberanía que debe ser sostenible en toda su extensión, ya que respetar estos mínimos son de justicia social”.
“El acto ha revelado la necesidad de una colaboración público-privada y el papel clave de nuestra cadena alimentaria, que es reconocida como una de las más eficientes que hay en el conjunto de los mercados agroalimentarios mundiales. Hay estudios que demuestran cuál ha sido el comportamiento de esta cadena en el periodo de estrés más grave que hemos tenido como población en todo el planeta: la pandemia. Durante ese periodo, la cadena española, junto con la de Canadá, fue la más resiliente y la que suministró a sus ciudadanos alimentos en cantidad y calidad”, señaló Fernando Moraleda, Director de la Oficina Alimentaria de LLYC.
Las próximas elecciones al Parlamento Europeo que se celebrarán el 9 de junio tendrán un impacto significativo en el devenir de nuestro sistema alimentario. De estas elecciones dependerá en gran medida el rumbo del Pacto Verde Europeo y la estrategias “De la Granja a la Mesa” y “Biodiversidad 2030”.
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