La reciente desclasificación de nuevos documentos relacionados con el caso Jeffrey Epstein, ha vuelto a poner sobre la mesa una pregunta incómoda: ¿cómo es posible que uno de los mayores escándalos de abuso sexual, tráfico de menores y connivencia de élites del siglo XXI, apenas haya generado repercusión en la prensa española? Mientras, en Estados Unidos y otros países se analizan los documentos, se debaten sus implicaciones y se examinan los nombres que aparecen directa o indirectamente vinculados, en España el asunto ha pasado prácticamente desapercibido, relegado a breves menciones o, directamente, al silencio.
La desclasificación no ha aportado una “revelación única” que lo cambie todo, pero sí ha reforzado una imagen que ya se intuía: ‘Epstein no fue un depredador aislado, sino un engranaje, dentro de redes de poder económico, político e institucional que, como mínimo, miraron hacia otro lado durante años, cuando no participaron activamente en las ‘ejecuciones de Epstein’.
Entre los documentos figura la existencia de un contrato millonario entre Epstein y el grupo Rothschild, valorado en unos 25 millones de dólares. Aunque los términos exactos del acuerdo, no se han hecho públicos en su totalidad, el simple hecho de que una de las dinastías financieras más influyentes del mundo mantuviera relaciones contractuales con Epstein, después de que este ya hubiera sido condenado en 2008 por delitos sexuales, plantea preguntas lógicas sobre los mecanismos de legitimación social y económica que lo protegieron.
Otro elemento documentado, es que más de veinte víctimas recibieron pagos a través de cuentas de Epstein en la banca JP Morgan. Este dato, tratado en procedimientos judiciales, refuerza la idea de que la banca no fue un actor neutral. No se trata solo de transferencias económicas, sino de la infraestructura financiera, que permitió durante años, que el sistema funcionara sin levantar alarmas efectivas. El acuerdo extrajudicial posterior entre JP Morgan y las víctimas, no zanjó el debate: lo desplazó del ámbito penal al económico.
Los archivos también recuerdan que Epstein fue nombrado en 1995 miembro del consejo de la Rockefeller University. Este nombramiento, anterior a su primera condena, ilustra cómo Epstein supo tejer una imagen de filántropo y mecenas científico, que le abrió puertas en instituciones académicas de prestigio. La pregunta no es sólo por qué fue aceptado entonces, sino por qué su figura, siguió siendo tolerada durante años, incluso después de que su historial criminal fuera público.
En el plano político internacional, los documentos vuelven a señalar la estrecha relación entre Epstein y Ehud Barak, exprimer ministro de Israel. Se registran al menos 36 encuentros entre ambos, así como múltiples viajes de Barak en el llamado Lolita Express, incluso después de la condena de Epstein en 2008. No se trata de afirmar delitos concretos, sino de subrayar una cercanía sostenida con un delincuente sexual convicto, una cercanía que nunca fue explicada de forma convincente.
Los archivos desclasificados incluyen además testimonios y correos electrónicos, cuya crudeza ha llevado a las autoridades estadounidenses a reconocer que parte del material no se ha hecho público. El fiscal general adjunto Todd Blanche declaró que ‘se han excluido imágenes que muestran muerte, abuso físico o lesiones’, una afirmación que por sí sola da la medida de la gravedad del contenido. Este dato es clave: la desclasificación es parcial, filtrada, y responde a criterios políticos y legales, no a un compromiso absoluto con la verdad, que jamás lo ha habido.
Entre los testimonios aparecen relatos extremos: desde acusaciones de tortura y abuso sistemático, hasta descripciones de prácticas, que incluyen violencia extrema contra menores. Algunos testigos hablan de canibalismo o del tráfico de bebés como “regalos”, afirmaciones que no han sido verificadas judicialmente, pero que figuran en los documentos como declaraciones recogidas por investigadores. No es necesario afirmar su veracidad para entender su importancia: la mera existencia de estos testimonios, obliga a preguntarse por qué no se investigaron en profundidad.
También se menciona el uso de niñas como abono en un campo de golf propiedad de Donald Trump, así como graves acusaciones contra el príncipe Andrés del Reino Unido, que ya había alcanzado un acuerdo extrajudicial con una de las víctimas. De nuevo, no se trata de dictar sentencia desde un artículo, sino de señalar un patrón: hombres poderosos, acusaciones graves, acuerdos económicos y ausencia de juicios públicos.
Especialmente delicado es un documento que sugiere que Keir Starmer, actual primer ministro británico, se habría beneficiado indirectamente de redes de abuso y tráfico de menores. Esta afirmación, no respaldada por pruebas judiciales, ni investigaciones concluyentes, ilustra precisamente uno de los problemas centrales del caso Epstein: ‘la mezcla constante entre hechos probados, indicios sólidos y alegaciones sin verificar, todo ello envuelto en un silencio institucional, que impide separar claramente unos de otros’.
Y aquí es donde la prensa española falla estrepitosamente. En lugar de explicar esta complejidad, de contextualizar los documentos, de señalar qué está probado y qué no, la mayoría de medios optan por no mirar. No hay debates en prime time, no hay investigaciones propias, no hay editoriales incómodos… El caso Epstein se presenta como un escándalo ajeno, lejano, casi morboso, cuando en realidad interpela directamente a la relación entre poder, dinero, medios y justicia.
El silencio no es neutral. El silencio protege. Protege a quienes pueden permitirse acuerdos extrajudiciales, a quienes tienen acceso a los mejores abogados, a quienes saben que la memoria mediática es corta. La desclasificación de los archivos de Epstein, no es sólo una cuestión de documentos: es un espejo que muestra hasta qué punto nuestras sociedades toleran lo intolerable siempre que ocurra en las alturas.
Quizá lo más inquietante no sea lo que sabemos de Epstein, sino todo lo que aún no se ha investigado y, sobre todo, lo que se ha decidido no contar. Porque cuando un escándalo de esta magnitud no provoca un terremoto mediático, la pregunta ya no es quién fue Epstein, sino qué tipo de sistema necesita que lo olvidemos tan rápido.
A este paisaje de sombras hay que sumar la existencia de recibos correspondientes a dos paquetes enviados a la atención del Presidente y Ana Aznar, uno al complejo de la Moncloa en septiembre de 2003 y otro a la Fundación FAES, un año después. Asimismo, consta el pago realizado por Epstein a su agente de viajes a nombre de José María Aznar, por un importe de 1.050 dólares, con fecha 17 de octubre de 2003. El entorno del expresidente asegura no haber conocido a Epstein, ni tener constancia del contenido o destino de dichos envíos, ni comprender a qué podría corresponder el pago del billete.
Estos hechos, nunca explicados públicamente ni investigados en profundidad, permanecen en una zona opaca donde no hay imputaciones ni conclusiones, pero sí silencio. Y quizá ahí resida el verdadero patrón común del caso Epstein: no tanto en lo que se demuestra, sino en todo aquello que se considera inconveniente preguntar, investigar o, simplemente, contar.
Como escribió Ernest Hemingway en ‘París era una fiesta’:
“Ciertas personas traslucen el mal, como un gran caballo de carreras trasluce su nobleza de sangre. Tienen la dignidad de un chancro canceroso”.
José Antonio RULFO.
