El pasado vies, con la mitad de los españoles camino de sus vacaciones de Semana Santa, La Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información hacía llegar a los medios de comunicación, a eso de las 19.15 horas, un duro comunicado contestando a UTECA sobre las acusaciones vertidas en sus diversas misivas. Aparte de los des y diretes la única realidad es que el 6 de mayo cerrarán nueve canales TDT.
Hasta ahora no se había pronunciado centrándose el cruce de comunicados o acusaciones en UTECA y el Ministerio de Industria, con José Manuel Soria a la cabeza, pero ahora la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información entra de lleno para recordar ‘que el Tribunal Supremo, en la sentencia de 27 de noviembre de 2012, declaró ‘la nulidad del acuerdo del Consejo de Ministros de 16 de julio de 2010, el que asigna un múltiple digital de cobertura estatal a cada una de las sociedades licenciatarias del servicio de televisión digital terrestre de ámbito estatal’.
Un texto dividido en cuatro párrafos que no tienen desperdicio al poner los puntos sobre las íes pero que sí sorprende que se haga justo ahora cuando, usando el refranero español de nuevo, parece que todo el pescado está vendido. Así, la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información puntualiza:
‘En sus diferentes comunicados públicos, los licenciatarios de TDT de ámbito estatal hacen responsable al Ministerio de Industria, Energía y Turismo de la decisión del cierre de nueve canales. El Ministerio se está litando a dar cumpliento a una sentencia firme dictada el Tribunal Supremo en los plazos y condiciones que ha señalado el alto tribunal, como corresponde en un Estado de derecho’.
‘Es inaceptable la pretensión de aprobar un Real Decreto Ley que vacíe de contenido la referida sentencia. Dicha propuesta choca con la reiterada jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre la adopción de leyes particulares y, en este caso específico, con diversas resoluciones de las autoridades comunitarias basadas en la Directiva 2002/20/CE. La Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información reitera su disposición al diálogo, tal y como ha venido manteniendo en los últos 18 meses, dentro del marco legal y siempre defendiendo el interés general’.
‘Los propios escritos de los licenciatarios de TDT de ámbito estatal a la CNMV no prevén perjuicios en sus cuentas la ejecución de la sentencia, lo que no se corresponde con la alarma que trasladan sobre los pretendidos daños que les causaría esta ejecución y su pacto en la actividad económica del sector. La Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información adoptará las medidas necesarias para garantizar que, tras el cumpliento de la sentencia, se mantenga una oferta televisiva de calidad y en abierto ópta para los ciudadanos’.
Un texto que seguro será muy estudiado los Grupos Audiovisuales y que previsiblemente no tardarán en contestar. Pero el vies pasado no estaba exento de sorpresas con un comunicado, dieciocho meses después de la sentencia del Supremo y con el cierre previsto para el 6 de mayo, de la Academia de las Ciencias y las Artes de Televisión al ‘expresar su grave preocupación ante la sentencia del Tribunal Supremo que obligaría a cerrar 9 de los 24 canales asignados a los operadores privados nacionales que actualmente emiten a través de la TDT’. Quizá un malestar un poco tardío.
En la misma línea se manifiestan las Productoras Asociadas de Televisión de España (PATE) con una ‘profunda preocupación la gravedad de la situación provocada el cierre de nueve canales de la TDT. La Asociación considera que este perjuicio, al que se ven abocadas las televisiones, ha sido producto de una actuación equívoca de la Administración y no de las cadenas y, lo tanto, es el Gobierno el que debe solucionar el problema. Para esta Asociación, el Gobierno debe tomar una actitud proactiva ante este hecho. Si el Tribunal Supremo ha dictaminado en contra de una decisión de la Administración, no pueden ser las cadenas televisivas las que paguen este error, ya que éstas solo actuaron y cumplieron las normas establecidas’.
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