Las narcolanchas atraviesan el sur del país a plena luz del día, los alijos aparecen por toneladas y las mafias manejan cantidades obscenas de dinero, pero buena parte de la sociedad sigue tratando el asunto como si fuese un problema folclórico de cuatro playas andaluzas y dos titulares sensacionalistas en verano. Casi una atracción turística. Sol, pescaíto y fardos flotando.
Lo verdaderamente fascinante es el ejercicio colectivo de ingenuidad. España es una de las grandes puertas de entrada de droga hacia Europa, una posición estratégica que mueve miles de millones y que inevitablemente exige redes logísticas, protección, corrupción y capacidad de infiltración. El crimen organizado no funciona precisamente repartiendo octavillas, sino penetrando estructuras, comprando silencios, debilitando instituciones y erosionando el Estado poco a poco, como la humedad detrás de una pared.
Pero aquí llega el milagro español. Resulta que en un país atravesado por rutas de narcotráfico internacionales, donde las mafias operan con una sofisticación creciente y donde se han producido amenazas a policías, persecuciones y episodios de violencia cada vez más graves, no parece haber prácticamente jueces salpicados por nada. Ni fiscales. Ni altos funcionarios. Ni conexiones relevantes. Todo impoluto. Todo es cristalino. Debe ser que los narcotraficantes españoles son extremadamente respetuosos con la separación de poderes y poseen un compromiso férreo con la ética institucional.
El problema es precisamente ése, que seguimos viendo el narcotráfico como algo lejano, marginal y ajeno, cuando en realidad actúa como un ácido lento sobre las estructuras del Estado. Cuando una sociedad descubre demasiado tarde que el crimen organizado ya no estaba fuera, sino dentro, normalmente es porque ya perdió la capacidad de defenderse.
José Antonio RULFO
